Amnistía Internacional acusó a Perú de actuar con un marcado sesgo racista al momento de repeler las protestas que se han suscitado en el país desde diciembre tras la destitución de Pedro Castillo del poder.
La organización publicó que basados en datos de la Defensoría del Pueblo de Perú: «encontró que la cantidad de posibles muertes arbitrarias debido a la represión estatal estaba desproporcionadamente concentrada en regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas».
Sumado a esto, Amnistía afirma que las áreas con mayoría de población indígena fue donde se presentaron la mayor cantidad de muertes.
