La recién instalada comisión de trabajo en la Cámara de Diputados para analizar la modificación de la jornada de 48 a 40 horas semanales para abril de 2024 ha sido escenario de discrepancias entre representantes empresariales y sindicales.
Mientras los representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertan sobre un posible incremento del uno por ciento del PIB en costos para el sector privado, subrayan su disposición para dialogar y evaluar la viabilidad de la propuesta.
Legisladores de diversas corrientes políticas y representantes del gobierno concuerdan en la necesidad de establecer medidas graduales y sectorizadas para minimizar el impacto sobre las empresas.
A pesar de las divergencias, se reconoce la importancia de considerar la experiencia de reformas laborales anteriores, como el aumento del salario mínimo y las modificaciones en subcontratación y vacaciones, que representaron un esfuerzo significativo por parte de las empresas para adecuarse a las nuevas disposiciones.
