La legisladora del PRI, Lorena de la Garza señaló que desde el Congreso se está trabajando de manera cercana ante la problemática de desplazamiento que impacta a la comunidad, esto reconociendo la relevancia de la misma como un derecho en la Constitución.
La carencia de tarjetas MIA ha forzado a los usuarios a compartir sus tarjetas o recurrir a opciones costosas como la compra anticipada a precios elevados, llegando hasta 120 pesos por tarjeta, o la situación con la aplicación Urbani, que ha llevado a los adultos mayores a enfrentar dificultades para utilizar la app y con problemas de saldo o crédito.
De la Garza explicó que la movilidad es un derecho fundamental, establecido en la Constitución, y que los inconvenientes actuales en Metrorrey impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que hizo un llamado a las autoridades para asegurar que se preserva este derecho esencial, dando prioridad a la calidad de vida y al futuro de Nuevo León.
